Acoso político a la educación concertada

PALOMA CERVILLA/ALEJANDRO CARRA, EN ABC

Los nuevos gobiernos autonómicos de PSOE y Podemos, en algunos casos con el concurso de Ciudadanos, pactan recortes y anuncian congelaciones en la financiación

El acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha entre el PSOE y Podemos para congelar en 2016 el presupuesto para la educación concertada e ir reduciéndolo progresivamente ha encendido todas las alarmas. No es la primera señal de que algo se está cociendo para intentar frenar la financiación pública. Las formaciones de nuevo cuño, Podemos y Ciudadanos, con el apoyo del PSOE, están tomando decisiones presupuestarias que ponen en peligro su continuidad. En otros casos, como en Valencia, se lanzan amenazas como la del consejero de Educación, Vicent Marzá, advirtiendo de que «se ha acabado la barra libre» para estos conciertos. La amenaza está latente y formaciones políticas como el PP, que rechaza los recortes y apoya la financiación pública de la concertada, así como asociaciones de padres de alumnos, coinciden en advertir de que esta cuestión va a ser «un importante campo de batalla».

Amago en Madrid

El primer amago de la alianza PSOECiudadanos-Podemos, que pudo poner en peligro la enseñanza concertada, tuvo lugar en la Comunidad de Madrid el pasado mes de diciembre. Ciudadanos apoyó una enmienda parcial del PSOE a los presupuestos de 2016 para reducir en 2,9 millones de euros la financiación a la concertada. Días después, y como consecuencia de las críticas recibidas, se retractó y, a través de un voto particular, retiró su apoyo. Las consecuencias de este recorte podrían haber afectado a 3.600 alumnos, según señaló en su día el portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido.

La siguiente Comunidad en subirse al carro de los recortes fue Murcia. En enero, el Gobierno del PP vio cómo el tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos consensuaba una enmienda para reducir en tres millones la financiación a la concertada y destinarlos a libros y ayudas a comedor y transporte escolar. Un recorte que, según asegura a ABC la consejera de Educación, Isabel Sánchez, afecta a 35 centros concertados, 72.050 alumnos y 5.000 docentes. Además, en el presupuesto inicial se preveía el crecimiento vegetativo, el 1 por ciento de la subida de la paga para los funcionarios y el 38 por ciento de devolución de la paga extra de 2012. Los presupuestos en Murcia para la concertada han pasado de 223 millones a 220. A juicio de la consejera, la oposición «ha puesto muy difícil el panorama de la enseñanza concertada. Si no atajamos esta situación y cada año nos encontramos con un mayor recorte, poco a poco se va a ir resintiendo».

Desde Ciudadanos se defienden de las críticas del Gobierno regional, y el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento regional, Juan José Molina, rechaza que la enmienda sea un «ataque a la concertada» y ha pedido al PP que «no metan miedo diciendo que van a echar a más profesores. Eso es falso». Molina justifica el recorte haciendo referencia a las previsiones del Gobierno de Murcia: «Decían que necesitaban cinco millones para la concertada y vimos que en los presupuestos habían metido ocho. Ellos lo justifican diciendo que no sabían que había que pagar la paga extra que faltaba y la subida del 1 por ciento a los funcionarios. Pero no es verdad porque ya en julio el ministro Montoro lo dijo».

Podemos doblega a Page

La tercera Comunidad ha sido CastillaLa Mancha. El presidente socialista Emiliano García Page se ha visto obligado por Podemos a congelar para este año la subvención de ocho millones y a ir reduciéndola a partir del próximo. La portavoz popular en el Parlamento, Claudia Alonso, cifra en 5.000 los alumnos afectados y en más de 3.500 los profesores. Además, denuncia un «atentado absoluto contra la libertad de educación» y vaticina que «si quitan la financiación los centros irán progresivamente cerrando». Los populares han iniciado una ofensiva presentando mociones en los ayuntamientos.

En esta Comunidad hay 130 centros, 4.000 profesores y 55.000 alumnos. Los socialistas castellano-manchegos rechazan las acusaciones del PP y niegan que vaya a «ponerse en peligro la concertada» y que el acuerdo haya sido una «imposición de Ciudadanos, porque «va en nuestro ADN», según Fausto Marín, portavoz de Educación en el Parlamento, que no descarta que este acuerdo «se generalice en otras Comunidades».

Libertad de elección

El PP ha levantado la voz contra esta amenaza. La portavoz de Educación, Sandra Moneo, se muestra sorprendida de «el PSOE, que ha convivido con la concertada, se preste a abanderar medidas que la ponen en peligro»; y cuestiona la «ambigüedad de Ciudadanos, que no tiene un discurso uniforme».

Podemos, que ha doblegado el pulso al PSOE, no quiere admitir si mantendrá esta exigencia en otras regiones. La responsable de Educación, Sandra Mínguez, asegura que «seguiremos presentando muchas iniciativas porque nosotros apostamos por la educación pública». En esa línea, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Ceapa, defiende que «la inversión en la educación pública debe ser el único objetivo de todo gobernante, ya que llega a todos los rincones, y es costeada por los impuestos de la ciudadanía», dice su presidente, Jesús Salido, para quien «la concertación de centros privados sin necesidad puntual de escolarización supone el mantenimiento de centros privados, a costa de eliminar vías en centros públicos, situación que debe corregirse sin más dilación».

Esta presión reabre una discusión cerrada. «Los conciertos funcionan muy bien desde su implantación por el PSOE de Felipe González en 1985 con la LODE, una ley menos discutida incluso que la Constitución», recuerda a ABC el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló. Aun así, recalca que ellos no marcan a nadie «cómo hacer los presupuestos», aunque sí piden «sensatez, porque se perderán aulas concertadas y se obligará a gente a estudiar donde no quiere». Además, parte de los 130.000 profesores de la concertada, de un total de 670.000, se verían afectados.

Jesús Pueyo, presidente del sindicato FSIE, lamenta que se «arremeta» contra ellos. «Nos parece fenomenal que se refuerce la educación pública, pero no en detrimento de la concertada», dice. Y con él coincide la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que por boca de su presidente, Luis Carbonel, denuncia un nuevo intento «de la izquierda radical de encrespar y dividir a la sociedad con mensajes que no son ciertos», asegura. «Culpan a la concertada de la falta de recursos de la pública, cuando son complementarias. Nosotros queremos que los centros públicos sean magníficos, y también los concertados. Lo contrario es sectario», defiende Carbonel, antes de advertir que no se resignarán. «En 2005 sacamos a dos millones de personas a la calle. La educación de nuestros hijos es muy importante», avisa.

La presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, también piensa que este acoso «supone una grave limitación del derecho de los padres a escoger el centro que desean para sus hijos». Para ella, «está demostrado que cuando los padres se comprometen con el centro sube el rendimiento de los niños». Y ahí está el último informe de la OCDE, en el que se destaca que en España los centros concertados tienen un 33% menos de probabilidad de fracaso escolar. «La pelea no tendría que ser por cerrar a nadie, sino por alcanzar una educación excelente», concluye.

Contra la religión y la educación diferenciada

El acoso del tripartito PSOECiudadanos-Podemos va más allá de la educación concertada. Los nuevos acuerdos presupuestarios en Murcia también afectan a dos pilares de la educación: los colegios que dividen a sus alumnos por sexos y la religión. En cuanto a la educación diferenciada, en Murcia supone que de los tres millones de euros que se reducen a la concertada uno debe revisarse y retirarse a los conciertos de «colegios que segreguen por sexos y razones socioeconómicas». Sobre esta cuestión, Ciudadanos admite que «no apuesta por establecer nuevos conciertos con escuelas de educación diferenciada por cuanto estas no reflejan el modelo de sociedad que defendemos». En el caso de la religión, en el acuerdo PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha, se recoge que, en relación con la financiación pública de los servicios religiosos católicos ofrecidos en la sanidad pública, se inste al Gobierno a suspender el Concordato con el Vaticano que obliga a financiarlos.

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